El Gobierno de Joe Biden elaboró una estrategia basada en 21 puntos para examinar las solicitudes de asilo con mayor rapidez y deportar de inmediato a los que no cumplan los requisitos.


Esto es debido al incremento en el número de inmigrantes detenidos en la frontera con México, que ha alcanzado los más altos niveles de los últimos 20 años.


Las familias que soliciten asilo también tendrían acceso a asesoramiento jurídico, una asistencia que depende de que el Congreso apruebe un presupuesto de 15 millones de dólares para el próximo año.


Según el documento, la Casa Blanca pretende además enviar los casos de asilo que sí lleguen a la cortes a un registro específico para asegurarse de que tengan prioridad.


De igual manera. los migrantes que sean declarados no aptos o que no soliciten asilo apropiadamente serán deportados más rápidamente.


La Casa Blanca no determinó cuándo podría entrar en vigor esta nueva política fronteriza.


Muchas de las ideas ya se han planteado a través del proceso de elaboración de normas federales y propuestas presupuestarias, incluida la contratación de 100 jueces de inmigración más, pero hasta ahora se codifican en un plan estratégico.